Se ha vuelto una costumbre que cuando se acercan las elecciones algunos funcionarios públicos dediquen mayor tiempo a las actividades proselitistas que a sus obligaciones derivadas de las responsabilidades puestas a su cargo.

Si bien es criticable que funcionarios de la administración pública tomen sus obligaciones laborales con tal discreción, al punto de que los trabajos se acumulen, peor es lo que hacen muchos legisladores, síndicos y regidores, quienes tienen atribuciones muy precisas, pero las abandonan o delegan para dedicarle más tiempo a la actividad política.

En el caso de diputados y senadores, cuando dedican su tiempo preferentemente al proselitismo electoral, incumplen con una función fundamental para el sostenimiento institucional de la nación, porque se trata de uno de los tres poderes del Estado y su trabajo es indelegable.

Si los legisladores-candidatos no se conforman con ir a sus actos de campaña de viernes a lunes, que son los días que normalmente no sesionan las cámaras, entonces deben habilitar un espacio de tiempo para cumplir con su trabajo, porque el Estado, que se nutre de los impuestos y tasas que pagan los contribuyentes, no puede entregar un sueldo y sus anexidades para que estos ciudadanos se dediquen únicamente a “hacer política”.

Muy mal ejemplo dan a los demás ciudadanos, porque muchos de éstos participan en la política, pero cumplen fielmente sus obligaciones laborales, tanto en el sector público como en el privado, y más aun si se trata de negocios propios.

Es normal que los legisladores que aspiran a repetir salgan a promover sus ideas y programas y a criticar a los contrarios, pero no pueden darse el lujo de enseñarles a sus propios electores que a ellos poco les importa cumplir con el trabajo que les toca realizar.

No estamos generalizando, por supuesto, porque hay legisladores –de todos los partidos- que se caracterizan por cumplir con su trabajo, pero no son pocos los que dan prioridad al proselitismo, con lo que irrespetan a sus electores y a sus colegas que cumplen con su deber y sus atribuciones constitucionales.