Las presas del país constituyen un recurso de mucho valor para la economía y los servicios vitales.

Durante los gobiernos que encabezó el doctor Joaquín Balaguer, la construcción de presas fue una política definida y permanente, y por eso el país dispuso de grandes complejos hidroeléctricos para aprovechar el agua de ríos en sus cuatro usos vitales: consumo humano, animal, regadío y generación de energía.

Estos proyectos de aprovechamiento múltiple tienen numerosas ventajas, pero sin duda la mayor es que no necesitan combustibles importados para operar y el recurso fundamental, el agua, se obtiene en forma natural por fuentes fluviales.

Grandes represas fueron construidas en la región sur y en el norte, lo que significó un cambio fundamental para la vida de comunidades apartadas, donde floreció la agropecuaria.

Pero a la política de construcción de estas obras no siguió una práctica consecuente de mantenimiento y cuidado de estos sistemas, por lo que después de años de operación, la mayoría de ellas tiene un nivel de sedimento que limita su capacidad de almacenamiento.

El deterioro continuo de los bosques por la acción del hombre en las cuencas altas y el comportamiento extremo de los fenómenos naturales, que en ocasiones son prolongadas sequías y en otras violentos huracanes con inundaciones que arrastran gran cantidad de sólidos, se combinan para afectar la capacidad de las presas.

Estos factores adversos son difíciles de controlar sin una política expresamente dirigida a proteger las cuencas, por lo que con el tiempo las presas se van convirtiendo en grandes acumuladores de materiales de construcción y lodo.

Aunque se necesita un esfuerzo titánico, aun estamos a tiempo de recuperar esos sistemas que son tan vitales para el progreso dominicano.

En un aspecto coinciden todos los expertos y debemos tomarles la palabra: hay que propiciar una política permanente de protección de la erosión en las  cuencas y el control de inundaciones, porque ahí es que está la amenaza para las presas.