Desde el punto de vista jurídico y ético, la administración de fondos públicos que hacen los legisladores es insostenible. Se violenta el principio constitucional de que quien fija los impuestos no puede cobrarlos ni tampoco administrar las recaudaciones.

Pero aquí, como siempre, muchos congresistas, tratando de justificar lo injustificable, siguen defendiendo “su derecho” a administrar desde millones hasta cientos de miles de pesos mensuales que provienen precisamente de las recaudaciones de los impuestos que ellos mismos aprueban.

¿Y para qué utilizan ese dinero? Para lo que ellos quieran porque ese es el único capítulo que tiene asignación presupuestaria, pero no tiene una definición específica de su uso.

En el mejor de los casos, es un doble gasto, porque los legisladores admiten que lo utilizan para dar empleo, ayudar a personas que van donde ellos con necesidad de comprar medicamentos, alimentos y otros.

¿Y no son los propios legisladores quienes aprueban el presupuesto de Salud Pública, el del Plan Social de la Presidencia, el de Promese? ¿Por qué no les colocan esos fondos a esos organismos para que cumplan cabalmente con su deber?

Dar un presupuesto por debajo de lo que dispone la ley al Ministerio de Educación y luego los propios legisladores asignarse fondos para comprar libros y regalarlos a los padres de los niños, es un monumento a la falta de ética y un aprovechamiento de su condición para manipular a quienes tienen que recurrir a estos políticos para mantener un niño en la escuela.

Sabemos que hay representantes que se oponen a esta práctica, pero teniendo la Constitución en sus manos y la esencia del derecho en conocimiento, no actúan para eliminar ese desaguisado.

Es el Poder Legislativo el que está revestido de autoridad para llevar a juicio a cualquier funcionario que no cumpla con su función o que lo haga por fuera de los cánones legales. Sin embargo, ¿cómo puede el Congreso llamar a un funcionario a que explique un entuerto si son ellos mismos los primeros que no respetan el orden constitucional y la efectividad de las leyes? Ese barrilito, más temprano que tarde, tiene que ser eliminado.