El informe dado a conocer ayer por el Departamento de Estado norteamericano es una reafirmación del carácter agravado que ha tomado la corrupción en la República Dominicana y cómo ese problema es percibido con gran preocupación desde el exterior.

Es evidente, empero, que hay puntos de vista bastante contrapuestos con respecto a este tema, ya que mientras el gobierno estima que se trata de hechos aislados, Estados Unidos lo considera un mal endémico que envuelve la administración pública y lo que define como “grupos de interés”.

Pero hubo coincidencia con el presidente Leonel Fernández en cuanto a condenar la connivencia de autoridades y la inquietud en ese aspecto, al señalar que oficiales militares, muchos de alto rango, se vieron implicados en actividades corruptas de tráfico de estupefacientes y el blanqueo de dinero.

Sin embargo, lo lamentable es que como ocurre en otros casos, en la práctica las sanciones son benignas y nada ejemplarizadoras, ya que se limitan a retiros, en vista de que se instrumentan pocos procesos y estos no reciben generalmente en la Justicia la drasticidad requerida.

En su recopilación, Estados Unidos resalta que el año pasado 500 agentes de la Policía dieron positivo en la prueba antidoping y que se realizaron numerosas investigaciones a miembros por estar involucrados en conductas impropias.

En este punto es justo señalar que se destaca por un lado un serio esfuerzo de depuración por parte de las autoridades dominicanas, pero también la persistencia de un grave problema de integridad y reputación en las filas de un cuerpo que es el principal responsable de la seguridad ciudadana.

Aunque no se trata de un descubrimiento sorprendente, otro aspecto preocupante señalado por el Departamento de Estado es que la corrupción se encuentra también fuertemente arraigada en el sistema penitenciario del país.

El informe valora los avances que se han logrado en la lucha antinarcóticos, pero esto no debe ponernos a dormir, porque el país es aun un centro importante de tráfico de drogas.