El anuncio del presidente Leonel Fernández de que en lo adelante los miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) no serán reclutados de las Fuerzas Armadas y de la Policía, para evitar “efectos de contagio” por connivencias con el narcotráfico ha provocado una reacción dual en la opinión pública.
Por un lado, de satisfacción por lo que revela una renovada y firme determinación del jefe de Estado de propiciar medidas concretas para evitar que el principal organismo antinarcóticos del país pueda ser infiltrado por agentes que tengan complicidades o conexiones con el crimen organizado.
Pero por el otro, de espanto, en vista de que con ese anuncio, el Presidente, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía, admite lo que ya es un hecho de dominio público: la forma creciente en que oficiales se han visto envueltos en complicidades con agentes del narco.
Otro aspecto sobrecogedor: si los miembros de esos cuerpos no son aptos ni confiables para integrar unidades en la DCND, a las que pueden “contagiar” con debilidades que los hacen susceptibles de acoger malas influencias, ¿qué grado de actuación seria y responsable podemos esperar de ellos en sus funciones habituales?
Aunque loable y pertinente, el planteamiento del Presidente da pie a otro interrogante: Por ejemplo, a dónde se acudirá y qué medios se utilizarán para captar de forma directa a los nuevos integrantes de ese cuerpo, para luego, como corresponde en todo caso, someterlos a un exhaustivo entrenamiento.
A pesar de esto se trata, no hay duda, de un buen paso para adecentar y proveer mayor fuerza y credibilidad a la Dirección Nacional de Control de Drogas, aunque siempre tendremos el problema de las tentaciones corruptoras con que cuenta el narco por su gran poder económico, lo que tendrá que prevenirse con una contundente prédica de principios.
Otro punto importante en la exposición presidencial ante la Asamblea Nacional fue la necesidad de aplicar controles más efectivos para depurar a los agentes militares y policiales, sobre todo los que trabajan en áreas de persecución del tráfico ilícito de drogas, homicidios, inteligencia y lavado de activos.
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