Los penosos espectáculos de transfuguismo que estamos observando en estos frenéticos días previos al fin del plazo para las alianzas electorales, vienen a subrayar nuevamente la necesidad de que el país cuente con una Ley de Partidos.

En efecto, urge contar con ese instrumento legal, pero no para venir a engrosar la lista de legislaciones que en la práctica constituyen letra muerta, sino para regular y transparentar una actividad que se ve cada vez más degradada.

Sin embargo, a juzgar por la cantidad de dominicanos que aun milita de forma masiva en los partidos y participan en los procesos electorales, parecería que a la gente en general no parece importarle mucho el cuestionado comportamiento de dirigentes de la clase política nacional.

Si bien la política no ha sido nunca un ejercicio de nobleza, ya que se rige por conveniencias partidarias, influidas a su vez por diversos intereses, tampoco puede estar sujeta preponderantemente al mejor postor, como si se tratara de pujas en agitadas subastas.

A pesar de que se han manifestado muchas opiniones favorables, por lo menos en declaraciones para la prensa, lo cierto es que no parece haber por el momento la disposición de agilizar y completar el proceso legislativo que permita la vigencia de la Ley de Partidos.

Es tanto lo que se ha hablado acerca de la ley y no siempre con la debida claridad, que en el ánimo público se han acumulado más dudas que certezas sobre el alcance y la efectividad que tendrá.

Las principales aprensiones no giran sobre sus disposiciones, muchas de las cuales lucen muy pertinentes para la transparencia del ejercicio político, sino en torno a lo tortuoso que ha sido el proceso de aprobación.

Ese retraso ha tenido ya consecuencias, en vista de que como ha explicado la Junta Central Electoral (JCE), aunque fuera aprobada ya en este momento, sus disposiciones no podrán regir para las cercanas elecciones congresuales y municipales.

Es de esperar que algún día podamos contar con medios para evitar la corrupción y la mala administración de recursos públicos que reciben los partidos.