La renovación de las instituciones tanto públicas como privadas es de gran valor para el acoplamiento con el mundo cambiante de hoy, que exige la actualización permanente sin importar el área de acción de la que se trate.

Esto se ve muy natural en funciones dentro de la informática, la ingeniería civil, industrial, la medicina, la economía, y otras que, precisamente, valoran la juventud para el desarrollo de técnicas innovadoras.

Sin embargo, cuando se refiere al ámbito judicial, hay cierto temor a la inexperiencia, incertidumbre sobre la capacidad para manejar aspectos de relevancia, en los que confluyen intereses políticos y económicos, que se presume podrían influir en las decisiones o debilitar la autoridad.

Es por esto que llama tanto la atención el hecho de que en nuestro país contemos con más de cien jueces menores de los 35 años de edad, quienes por su capacidad lograron superar las pruebas a las que fueron sometidos en la Escuela Nacional de la Judicatura.

A muchos les sorprende aún más que el 66 por ciento de éstos sean mujeres, que se capacitaron y han asumido su rol con la responsabilidad que amerita el hecho de tener que decidir sobre la vida y el patrimonio de una persona.

Desde el año 2002 que egresó el primer grupo, los cambios han sido notorios y profundos en el sistema judicial dominicano, que requería del dinamismo de los jóvenes para poner en práctica un Código Procesal Penal que demanda el cumplimiento de los plazos legales a cada uno de los actores, lo cual no excluye a los jueces de los tribunales del país.

De ahí que se perciban nuevos aires en la justicia dominicana, y sin importar la prestancia de las personas involucradas en hechos punibles, se le dé el seguimiento a los casos hasta llevarlos “a las últimas consecuencias” y que haya un fallo justo.

Un merecido reconocimiento a la Escuela Nacional de la Judicatura y a sus distinguidos formadores de magistrados acorde a los nuevos tiempos, quienes vienen a llenar una necesidad del momento.

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