Las preocupaciones que han expresado altos dignatarios de la Iglesia católica sobre la facilidad con que obtienen su libertad personas acusadas de narcotráfico son justificadas y deberían tener repercusiones en nuestra estructura judicial.

Aunque en cualquier caso se deben seguir los debidos procesos de ley, la frecuencia con que se producen estas liberaciones no parecen tener justificación, a pesar de que los magistrados se escudan en las disposiciones del ya controvertido Código Procesal Penal.

Por esa razón, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez ha pedido nuevamente que sea revisado, tras reiterar que fue impuesto a la República Dominicana por distintos organismos internacionales.

Otra inquietud en el mismo tenor ha sido externada por el arzobispo de Santiago, monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, quien demandó a jueces y demás autoridades, actuar con firmeza y responsabilidad a la hora de juzgar a los delincuentes y no dejarse influenciar por tentaciones.

A los magistrados les toca una tarea muy difícil, ya que además de imputados por tráfico de drogas, les toca ventilar procesos a sujetos acusados de protagonizar ajustes de cuentas por los llamados “tumbes” y rebatiñas entre narcotraficantes internacionales y sus asociados.

En los últimos tiempos estos hechos violentos están adquiriendo en el país los horripilantes perfiles de naciones donde esas luchas son dominadas por la barbarie más absoluta.

Sin embargo, en medio de este panorama y a diferencia de lo que ocurría en el pasado, cuando se actuaba a veces con marcada dejadez o encubrimiento cómplice, las investigaciones no se detienen, aun cuando encuentren nexos con agentes u oficiales, activos o en retiro.

Aun así, las autoridades no pueden bajar la guardia y solazarse con los triunfos obtenidos, ni tampoco molestarse por críticas, porque lo cierto es que los narcos cuentan con muchos recursos para sobornar y armas para matar a quienes no colaboran u obstaculizan sus pasos.

Hay que prestar atención a la voz de la Iglesia y a todos los sectores de la sociedad que están alarmados por el auge del narcotráfico y sus efectos negativos para la seguridad ciudadana.