La experiencia ha demostrado que para ser eficientes y rentables, las nuevas terminales aéreas deben ser construidas, financiadas y regenteadas por el sector privado.

Las exitosas operaciones de los aeropuertos de Punta Cana y del Cibao son una fehaciente  muestra de este aserto, en contraposición con fracasos como los vividos con el aeropuerto María Montez, de Barahona.

Por esa razón resulta una decisión, a todas luces contraproducente, el proyecto de construir con fondos del Estado un aeródromo en San Francisco de Macorís que podría costar entre 150 y 200 millones de pesos.

En otro sentido, el Ministerio de Medio Ambiente ha actuado correctamente al prohibir la terminal en el lugar escogido para su construcción por ser un área donde pasan dos ríos, lo que podría causar serios daños ecológicos.