En un hecho sin precedentes en la historia reciente de la vida democrática del país, luego de la separación de las elecciones presidenciales de las congresuales y municipales, muchos partidos políticos se aproximan a la apertura formal de la campaña electoral sin haber definido los candidatos que terciarán en el certamen cívico.
La Junta Central Electoral ha anunciado que en la primera quincena de este mes dará apertura formal a la actividad proselitista, en momentos en que las principales fuerzas políticas debaten posibles alianzas y discuten conflictos internos por candidaturas.
Todavía ayer el tribunal de comicios conocía de las impugnaciones hechas a la convención del Partido Revolucionario Dominicano, en la cual se definirían los cargos directivos de esa organización, lo que la mantiene en una especie de limbo y le ha impedido dar a conocer la conformación de su boleta para los comicios de mayo próximo.
En los predios del Partido de la Liberación Dominicana, la denominada “alianza púrpura” no termina de cuajar, ante el impasse surgido por la candidatura a síndico de Santiago, que los reformistas han definido como no negociable, en apoyo al actual alcalde, José Enrique Sued, aspirante a repostularse.
Pero no sólo es la incógnita de la alianza con el Partido Reformista Social Cristiano, sino que está pendiente en el PLD el conocimiento de los resultados de encuestas y la aplicación de sanciones disciplinarias a militantes que incurrieron en supuestas irregularidades y desórdenes durante el desarrollo de las primarias.
Mientras que los dirigentes del PRSC han favorecido la escogencia de sus candidatos por encuestas, por entender que esta opción minimiza los conflictos internos.
Lo cierto es que la realidad que vive el país evidencia falta de liderazgo en las organizaciones y una ambición desmedida por parte de aspirantes que se niegan a aceptar el quedar fuera de la boleta, sobre todo en unas elecciones que le dan la oportunidad de optar por un período de seis años en el cargo.
La Junta Central Electoral tendrá el reto de organizar unos comicios transparentes y de preservar el orden en los partidos.
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