En el país será difícil obtener grandes avances cualitativos en materia institucional mientras haya grupos y organizaciones que se empecinen en actuar como “chivos sin ley”, ignorando la más mínima noción de la convivencia civilizada.
Además de inconsciencia y desprecio absoluto por la integridad y respeto a los demás, esta tendencia no podrá ser erradicada, o cuando menos atenuada, si la autoridad es débil o infuncional para imponer sanciones ejemplarizadoras a los propiciadores de estos desórdenes.
Decimos esto a propósito de tres hechos de características y detalles diferenciados en cuanto a circunstancias, lugares y elementos temporales, pero con un aterrador denominador común: la cerrazón y la violencia ejercida bajo el influjo del particularismo y la ambición desmedida de poder.
En primer término, nos referimos al penoso espectáculo ofrecido por regidores durante la elección del Concejo directivo del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, que derivó en una reyerta en la que varias personas resultaron heridas y que estuvo a punto de terminar en una gran tragedia, pues parte de los asistentes esgrimieron armas de fuego.
Aunque es comprensible que regidores de distintos partidos defiendan sus intereses políticos, nada justifica que desconozcan todo sentido de equilibrio a la hora de participar en actos institucionales y de honrar la palabra empeñada para que prevalezcan los pactos de caballero.
En segundo término, debe ser motivo de vergüenza para el sector sindical y particularmente los gremios de choferes, los violentos incidentes protagonizados en Santo Domingo Este y por camioneros de Maimón, en la provincia Monseñor Nouel, al dirimir de forma salvaje, disputas por el control de rutas y franquicias de transporte de carga y pasajeros.
Este tipo de rebatiñas son cada vez más frecuentes y se escenifican en las vías, a sangre y fuego, porque los choferes se adjudican las rutas públicas como patrimonio particular, a pesar de que esto debe estar sometido a regulaciones técnicas de las autoridades.
A estos desórdenes, sean en los ayuntamientos o en el transporte, hay que ponerles término bajo el imperio innegociable de la ley.
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