Gracias a la mediación del presidente Leonel Fernández, el derrocado presidente Manuel Zelaya y su familia están a salvo y como huéspedes distinguidos del Gobierno y el pueblo dominicanos.
Hay que subrayar lo de la seguridad porque en los meses en que permaneció asilado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, Honduras, Zelaya estuvo sometido a permanente amenaza física y sicológica.
Estos son los aspectos que realmente merecen ser reconocidos y destacados, en lugar de enrostrar a Fernández el hecho de que haya firmado un acuerdo con el presidente electo Porfirio Lobo y asistido a su toma de posesión.
Más que críticas, este acuerdo debe ser apreciado porque facilitó una salida pragmática a la prolongada crisis hondureña, luego de los fracasos sufridos por las gestiones emprendidas por la Organización de Estados Americanos (OEA) y varios líderes y gobiernos latinoamericanos.
Al igual que la OEA y varias naciones amantes de la libertad y la democracia, desde el primer momento del derrocamiento de Zelaya, el Presidente fue uno de los críticos más severos por el trastorno al orden institucional y el precedente negativo para el resto de la comunidad de América Latina.
Sin embargo, ante un hecho consumado como la elección de Lobo en un proceso electoral un tanto cuestionado por haber sido organizado por un gobierno de facto, ¿debía mantenerse a Honduras aislada y Zelaya dejado a su suerte o condenado a seguir enclaustrado de por vida en una embajada?
Es claro que lo más digno y conveniente para la democracia en el hemisferio hubiera sido revertir el golpe de Estado y reinstalar a Zelaya, pero ante la imposibilidad y descartado para ello una intervención o acción armada, ¿cuál era el camino que quedaba a la vista, en opinión de quienes critican con facilidad sin aportar soluciones?
Lo que la comunidad democrática debe exigir a Lobo es que restaure el estado de derecho en Honduras y que dentro de lo que le sea materialmente posible, sin exponerse a otra asonada, promueva sanciones ejemplarizadoras para los golpistas.
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