Es tanto lo que se ha hablado acerca de la Ley de Partidos y no siempre con la debida claridad, que en el ánimo público se han acumulado más dudas que certezas sobre el alcance y la efectividad que tendrá.

Las principales aprensiones no giran sobre sus disposiciones, muchas de las cuales lucen muy pertinentes para la transparencia del ejercicio político, sino en torno a lo tortuoso que ha sido el proceso de aprobación.

A pesar de que se han manifestado muchas opiniones favorables, por lo menos en declaraciones para la prensa, lo cierto es que por el momento no parece haber la disposición de agilizar y completar el proceso legislativo.

Políticos de recta trayectoria como el ingeniero Eduardo Estrella, que siempre han favorecido el adecentamiento de la política, no logran explicarse el por qué del estancamiento de esa importante ley en el Senado.

Ese retraso ha tenido ya consecuencias, en vista de que, como ha explicado la Junta Central Electoral (JCE), aunque fuera aprobada ya en este momento, sus disposiciones no podrán regir para las cercanas elecciones congresuales y municipales.

Si esta nueva legislación proporcionará los instrumentos necesarios para reordenar el sistema de organizaciones políticas en el país, ¿qué razones, sectores o intereses habrían maniobrado para que permanezca estancada?

Si como señala Estrella, esa ley evitará la corrupción y la mala administración de los recursos económicos de los partidos, ¿por qué no se rompe esta inercia?

¿Es que acaso a la dirigencia política nacional en realidad no le interesa transparentar de forma fiel la forma en que operan a lo interno de sus organizaciones partidarias?

Si existiera un genuino interés en ese sentido, los partidos no hubieran incumplido, como ha ocurrido de forma reiterada en algunos casos, con el deber legal y el compromiso moral de rendir cuentas sobre la forma en que manejan y gastan el dinero que reciben del Estado a través de la Junta Central Electoral.

El contribuyente tiene el derecho de saber cómo se emplea el dinero con el cual contribuyen al mantenimiento de la democracia y del sistema de partidos.