La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), cuya permanente preocupación por la democracia y los debidos procesos de ley le ha ganado gran reputación, acaba de hacer un diagnóstico que debería ser objeto de reflexión y de debates serios.

En realidad no es que haya descubierto nada nuevo, ya que muchos de los males que enumera son bien conocidos por la ciudadanía, a veces por la imborrable y frustratoria vía de la carne propia, pero al presentarlos en conjunto y con sus certeras consideraciones, dan una mejor dimensión sobre la gravedad de los retos que afrontamos como nación.

En un concienzudo y pormenorizado análisis sobre el panorama del poder judicial, Finjus afirma que el crimen organizado y la falta de confianza de la ciudadanía en sus instituciones más representativas han conducido al país a una percepción de deterioro del clima de seguridad ciudadana.

Otro factor preocupante citado por la entidad es lo que describe como síntomas agudos de deficiencias en los procedimientos y prácticas de los órganos del Estado.

Es tan obvio que no admite discusión, a menos que sea razonable y en la búsqueda de la verdad, la conclusión de que este estado de cosas dista mucho del ambiente idóneo para un adecuado desenvolvimiento del desarrollo nacional.

En consecuencia, muchos de los juicios y apreciaciones de Finjus están basados en amargas pero innegables realidades del diario vivir, aunque nunca faltarán quienes resientan tales señalamientos y traten inútilmente de ocultar hechos o de minimizar su magnitud o incidencia en la situación colectiva de la población.

Con la entereza que caracteriza su trayectoria, que le ha permitido llamar a los males por sus nombres y sin ambages, advierte que el incremento del narcotráfico constituye un desafío no solo a las instituciones estatales sino a la esencia de la sociedad dominicana.

Aunque algunos no estén de acuerdo, será difícil contradecir la visión de Finjus, de que la falta de rendición de cuentas en el Estado ha dado lugar a un clima de impunidad que fomenta la ilegalidad y la corrupción.