La campaña de descrédito contra la República Dominicana que realiza en Europa el sacerdote británico-español Christopher Hartley es otra de las burdas maniobras que de tiempo en tiempo ha sido víctima el país para presentar a sus autoridades y ciudadanos como personas esclavistas que abusan de los haitianos.
Aunque se enarbola un propósito pretendidamente humanitario, en realidad lo que existe de por medio es la vigencia de ONGs que reciben fondos con esa finalidad y que, por tanto, su razón de ser es hacer continuas denuncias, sean falsas o distorsionadas.
En realidad, lo que se persigue es aplicar un chantaje para que la República Dominicana ceda ante algunas entidades y miembros de la comunidad internacional que tratan de hacer responsable al país de buscar solución al drama del pueblo haitiano.
En lugar de doblegarnos, como bien sugiere nuestro embajador en el Reino Unido, el periodista Aníbal de Castro, en respuesta una inquietud de varios congresistas, la campaña de denuestos de Hartley lo que debe es fortalecer aún más los esfuerzos exitosos de la diplomacia dominicana en la defensa de los intereses nacionales.
Coincidimos con su opinión de que es sumamente beneficioso que el Congreso dominicano se sume de forma militante a los esfuerzos para enfrentar los alegatos negativos que el sacerdote ventila en diferentes foros.
Desde su cómoda posición de aristócrata europeo con acceso privilegiado a medios de comunicación y a varias ONGs, que difiere bastante de la situación de los haitianos que dice representar y defender, Hartley ha tratado de manipular perversamente el tema de las percepciones internacionales sobre la inmigración haitiana al país y el respeto de sus derechos.
Por lo menos en el Reino Unido, la campaña negativa de este pastor, de conmiseración tan selectiva, ha fracasado porque 250 mil turistas británicos visitan nuestro país cada año y sus inversiones aquí se han duplicado.
Hay que seguir apoyando al trabajo mancomunado de los representantes dominicanos en el exterior y las pautas que traza el el presidente Leonel Fernández y el canciller Carlos Morales Troncoso.
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