El Gobierno ha anunciado un ambicioso plan de construcción de viviendas, que de materializarse implicaría un efecto positivo en dos vertientes.

De un lado, contribuiría de forma notable a disminuir el elevado déficit habitacional cuantitativo del país, que según las estadísticas más difundidas, crece cada año en cerca de 20 mil unidades.

En segundo lugar, sería un gran impulso a las tareas de reactivación económica anunciadas por las autoridades y reclamadas por la población, por la gran incidencia que tiene la industria de la construcción en el resto de los sectores económicos, como el comercio, la industria y los servicios.

Hay además otro factor adicional de carácter altamente beneficioso en términos sociales al fomentar la generación de empleos, pues la industria de la construcción es una actividad de uso intensivo de mano de obra.

El programa oficial, que se ejecutaría a través del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) debe estar dirigido a los sectores de menores ingresos, una política impulsada por el presidente Leonel Fernández y que ha sido cabalmente interpretada por la directora de ese organismo, Alma Fernández.

Esa orientación se cumple ya en la realidad y tuvo su más reciente muestra con las 72 viviendas que Fernández entregó el jueves en Vicente Noble a familias de escasos recursos económicos.

También las viviendas que construya el Gobierno deben mantenerse en niveles de ingresos clasificados bajos y medios para que no se torne en una competencia contra el sector privado, que por lo general construye para otras capas o segmentos del mercado.

Si el sector público construye para la gente de menores ingresos y las constructoras privadas se enfocan más a la clase media, estaríamos en ruta de reducir, de forma gradual pero sostenida, el déficit habitacional, que se estima en 600 mil unidades.

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