La participación de niños y adolescentes en hechos sangrientos y delictivos, incluyendo la vinculación al negocio ilícito de las drogas, es altamente preocupante, por lo que el debate no debe limitarse al incremento de las penas contenidas en la Ley 136-03 sobre protección al menor.

Para cualquier doliente de una víctima de uno o más de estos menores en conflicto con la ley resulta una burla de mal gusto que la Justicia esté atada al artículo 240 del referido código, y aún en caso de muerte, al acusado no se le pueda condenar a más de cinco años.

Más terrible es para las autoridades tener que perseguir en reiteradas ocasiones a un menor por el mismo delito y que en pocas horas el tribunal correspondiente lo libere con la mínima pena de tener que presentarse una vez al mes ante el juez.

Aún para las familias de los propios menores involucrados en crímenes es una situación complicada, porque tienen que lidiar a diario con la mala conducta de su pariente, que representa una amenaza incluso para ellos mismos.

Los impulsores del narcotráfico, a sabiendas de esta debilidad, han encontrado en los niños y adolescentes los aliados perfectos para llevar a cabo sus planes, utilizándolos como “mulas”, lo que a la corta o a la larga, por simple curiosidad, los convierte en consumidores precoces.

Estamos ante un problema complejo que debe ser analizado sin prejuicios ni apasionamientos, porque, si bien hay sonados crímenes que han sido cometidos por menores protegidos por la Ley 136-03, no es menos cierto que en el país todavía no contamos con reformatorios adecuados y, en cambio, las cárceles convierten a los internos en profesionales del delito.

Debe gestionarse castigos más severos en los casos de homicidios, robos agravados y narcotráfico para los menores, sobre todo los que son reincidentes, pero, al mismo tiempo, impulsar un sistema penitenciario moderno, capaz de entregar a la sociedad una vida transformada y decidida a servir a la patria.

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