Como van las cosas, todo parece indicar que el golpe de estado que depuso al presidente Manuel Zelaya el 28 de junio pasado quedará definitivamente registrado, sin cambio ni solución, entre las infamias que se cometen contra la democracia y la libertad en el hemisferio.
La cuestión no es ya tanto como lograr la restitución de Zelaya en su condición de presidente constitucional derrocado, sino buscar una salida a la profunda crisis política y social que atraviesa Honduras desde ese infausto acontecimiento.
La posposición en la llegada de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), debido a una cancelación de última hora dispuesta por el presidente golpista, Roberto Micheletti, aleja la posibilidad de que los hondureños puedan superar este conflicto en el futuro inmediato.
La situación se ha agravado en vista de que las autoridades de facto de Honduras impusieron el martes un nuevo toque de queda tras los disturbios registrados al concluir manifestaciones masivas que exigían el regreso del presidente Zelaya.
Con la arrogancia propia de un dictador de caricatura, Micheletti ha llegado hasta objetar al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, a quien considera un mediador no confiable ni imparcial.
Hay que reconocer que en eso tiene razón Micheletti porque Insulza y todos los gobernantes latinoamericanos que apoyan la gestión de la OEA son parciales en la defensa inflexible e irrenunciable de la democracia mancillada por un golpe que ha sentado un funesto precedente en el continente.
Desde el asalto al poder por los militares y una conspiración impulsada desde varias instancias, los hondureños han vivido en un estado de permanente angustia e inseguridad.
Durante semanas después de la asonada, los usurpadores golpistas han limitado severamente las garantías constitucionales y ejercido control sobre algunos medios críticos, una práctica que es propia de los regímenes dictatoriales.
Es de esperar que de alguna forma la hermana república de Honduras y su pueblo puedan recuperar la libertad y retornar al sendero de la democracia y el estado de derecho.
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