El grupo de periodistas profesionales, articulistas y comentaristas de radio y televisión, que ha denunciado la puesta en marcha de lo que califica como  una ofensiva, contra medios de comunicación y comunicadores,  no se corresponde con la realidad dominicana.  Hemos  avanzado en el respeto a la libertad de expresión.

Quedaron atrás los días en que un periodista podía  ser privado de su libertad sin la autorización de un juez  por ofrecer informaciones o hacer uso del  derecho a expresar sus opiniones libremente, como ocurrió  con Marino Zapete, Gonell Franco, Julio Martínez Pozo, los comunicadores Emilio Lemoine y Carlos Martínez,  y  el ex gobernador de Dajabón, Miguel Cruz. El presidente Hipólito  Mejía también amenazó con arrestar a Nuria Piera, por decir, como Marino Zapete, que se “usaban fondos públicos en la casa que se construía en Jarabacoa”.

El presidente Leonel Fernández es un garante de la libertad de información y de opinión. La Constitución que promulgó el 26 de enero de 2010, establece en su artículo 49: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente su pensamiento, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa…”.

El artículo 40 dispone: “Toda persona  tiene derecho a la libertad y seguridad personal”… “Nadie podrá ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin orden motivada y escrita de juez competente, salvo el caso de flagrante delito…”. También protege  el secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista. Que  funcionarios del Gobierno o dirigentes políticos recurran a la justicia cuando consideran  afectado  su honor,  no se puede ver como acciones encaminadas  “a reducir los espacios de libre expresión ganados por el pueblo dominicano en las últimas décadas”. No se puede olvidar  que los espacios se redujeron por la intolerancia oficial de 2000-2004.

En el documento  refieren el recurso que presentó el ex  director del INDRHI, Héctor Rodríguez Pimentel  al intimar a los programas de Alicia Ortega y sus anunciantes, “bajo los mismos alegatos que  sustenta  ahora el doctor Euclides Gutiérrez Félix”.

En el primer caso  un juez lo declaró improcedente, y Rodríguez Pimentel dejó sin efecto su decisión.

El segundo caso no vincula al Poder Ejecutivo. Para bien del país el presidente Fernández tiene un criterio muy amplio de la libertad de expresión. Es un exceso denunciar  su Gobierno por acciones privadas de funcionarios públicos. ¡Viva la libertad de expresión!  
Héctor Tineo es periodista y abogado