Participación Ciudadana llama la atención sobre la blandura del régimen de sanciones contemplado en el proyecto de Ley de Partidos propuesto por la JCE.

La observación despierta  preocupación sobre la real eficacia de un instrumento mayormente positivo. Su aplicación controlaría prácticas muy cuestionadas de nuestra cultura político-partidaria, la opacidad en el manejo de los fondos públicos, muy particularmente.

La lenidad del régimen apunta ser caramelo envenenado. La iniciativa pasaría fácilmente en el Congreso. La JCE proclamaría el logro de la materialización de un marco normativo muy aspirado. Sólo que sin verdadera fuerza disuasoria, los partidos dispondrán del hueco para continuar beneficiándose del desorden que una ley benigna no controlará.
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