Entidades privadas y más recientemente una oficial, el Despacho de la Primera Dama, preocupadas por las serias debilidades éticas que acusa la sociedad dominicana, han ejecutado esperanzadoras campañas de educación cívica o de formación en valores.

Pero lograr transformaciones culturales exige tiempo y sistematicidad, esfuerzos aislados o coyunturales aportan resultados pírricos; tratándose de entidades públicas representan una pérdida de dinero, además.

Para una acción verdaderamente efectiva, las corporaciones privadas interesadas en fortalecer las bases morales y cívicas del país podrían plantearse auspiciar un proyecto a largo plazo, a ser implementado por el Gobierno, con el ministerio educativo a la cabeza, con la visión técnica, la experticia y la organización adecuada. Dejemos de arar en el desierto.  
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