El Ministerio Público está llamado a defender los intereses de la sociedad, excepto en el macondo caribeño llamado República Dominicana. El tipo de compromiso de nuestros fiscales -¿Pocos, muchos?- es más personal.

Están para buscársela y evidenciando una monumental falta de ética profesional y humana, amañan los expedientes, con un buen dinero de por medio como aliciente.

El más ingenuo entre nosotros no ignora que la situación ha echado raíces en el sistema; en tanto la Procuraduría promete “investigar” las denuncias. Sólo un ministerio público de perfil delincuencial puede explicar que una Fiscalía, específicamente la de Higüey, archive un expediente criminal como el de un adolescente asesinado de un tiro en la cabeza. Una vergüenza nacional.