El problema del robo de cables eléctricos y telefónicos es prueba casi superada, todo por la firme decisión de un funcionario, el director de Aduanas, Rafael Camilo.

“Con un poco de voluntad del sector público para tomar decisiones que afectan intereses y la institucionalidad, la defensa de la ciudadanía y las propias empresas” –expresiones suyas al anunciar la reducción de los robos en un 95%–, se demuestra que el Estado puede imponerse al desorden.

La sustracción de cables repercutía en daños a la imagen externa del país, su solución era demandada particularmente por las empresas directamente perjudicadas.

En marzo Camilo dispuso medidas restrictivas y de control en las exportaciones de cobre que han puesto en jaque a los delincuentes sólo dos meses después. Si la jefatura policial actuara con voluntad similar a la de Camilo, asuntos como los constantes asaltos a residencias de sectores de clase media también podrían conjurarse.
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