“Los planes sociales” en el Gobierno dominicano son grandes enemigos de la institucionalidad y la transparencia. Se prestan para acciones político clientelistas, distorsionan los objetivos orgánicos, auspician la prevaricación y el desorden presupuestario.

Se conoce que organismos internacionales han sugerido al Poder Ejecutivo eliminar la atomización que prevalece en la administración pública en materia de acciones asistenciales (muchas entidades y programas dedicados a combatir la pobreza y adicionalmente capítulos de “ayudas” de instituciones que no están para eso), mediante la creación de una única institución legal y administrativamente competente, específicamente un ministerio, de asistencia social.

Hasta ahora el planteamiento no ha prosperado, pero es muy atendible.

Define una fórmula para organizar las asistencias en el gobierno de modo que exista un solo presupuesto, se diseñen las políticas con criterios largoplacistas y a la vez puedan conjurarse la dispersión y discrecionalidad en el manejo de los presupuestos orgánicos.
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