El pleno de la Suprema Corte de Justicia ha reafirmado su papel de garante de una buena administración de los procesos judiciales, para que resulten transparentes y creíbles ante la ciudadanía, al cancelar al juez interino que dispuso la puesta en libertad, mediante fianza, de un imputado al que se atribuye la comisión de nada menos que 36 asesinatos.

El más alto tribunal del país no solo ha actuado de forma responsable, sino que lo ha hecho con prontitud, ante la gravedad de semejante decisión y el sentimiento de incredulidad e indignación de diferentes sectores de la sociedad, que todavía no salen de su estupor, pues no se concibe que por alegados tecnismos legales, con tanta ligereza y facilidad se haya facilitado el camino para que sea dejado libre un individuo señalado como un peligroso sicario, que fue repatriado al país gracias a una operación conjunta con organismos de seguridad de México.
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