A pesar de los innegables avances que se han logrado en el país con un marco jurídico más fortalecido mediante una moderna Constitución, por un sinnúmero de hechos, situaciones y circunstancias no superadas, todavía resulta cuestionable afirmar que gozamos de una institucionalidad realmente sólida y sobre todo funcional. Son tantos los dislates y los desvaríos en todos los órdenes que resultaría prolijo enumerarlos.
Pero, como para muestra solo se requiere un botón, basta señalar un ejemplo de irrespeto y desorden que resultaría inconcebible en una nación donde efectivamente prevalezca el imperio de la ley: la forma olímpica en que la mayoría de los operadores de los nuevos taxis amarillos ignoran toda noción normativa al transitar sin placas por calles y avenidas, como si contaran con un permiso de excepción.
Pero más penoso e inadmisible es que nuestras autoridades se han hecho de la vista gorda. ¿Dónde está entonces la institucionalidad?
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