De acogernos a la lógica de nuestros políticos, el país debería agradecer “el barrilito” senatorial, en el entendido de que éste “transparentó”, “organizó”, “desprivilegió” una práctica normal de los congresistas pero que se realizaba al margen de mecanismos y controles institucionales.

Ahora que Finjus llama a eliminarlo, surge la inquietud en cuanto a qué tanto se necesita para acabar de raíz con la aberrante forma de financiamiento político. A menos que se logre el compromiso entre los legisladores y una transformación cultural entre la población de las demarcaciones que representan, nunca habrá garantías a ese respecto.

Para auspiciar soluciones verdaderas debería pensarse algún programa educativo a largo plazo para instruir al pueblo sobre cuáles son los fines legítimos de un legislador.

¿Qué tal si la Finjus, con el concurso de otras entidades de la sociedad civil, de los propios congresistas y el apoyo de organismos internacionales explora la idea?
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