¿Por qué vota un congresista dominicano, cuáles intereses personales, partidarios o sectoriales están detrás de su actividad legislativa? La interrogante tiene respuesta en toda democracia afianzada en el estado de derecho.
Sin embargo, el país no alcanza los niveles de transparencia que posibiliten al ciudadano aproximarse objetivamente a las motivaciones que determinan una u otra decisión de sus representantes.
En sistemas avanzados –el estadounidense, verbigracia–, los candidatos a cargos electivos están obligados por ley a informar sobre los aportes recibidos en las campañas y su procedencia, lo que sirve de cedazo para la sociedad calibrar al postulante y además prever el tipo de intereses que defendería ya elegido.
Nuestra democracia tropical parece no necesitar tanto, la cuestión queda resuelta por las direcciones partidarias con requerirles “pruebas antidopaje” o “certificados de buena conducta”.
Natural que nadie afile cuchillo para su propia garganta ni se arriesgue a intentar poner el cascabel al gato.
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