El Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, que se identifica como unidad rectora de las iglesias protestantes, asume una posición responsable al declarar la voluntad de ese cuerpo de acogerse con espíritu de orden y apego a la ley, al ahora consagrado derecho de las iglesias a realizar matrimonios civilmente válidos.
La prerrogativa constitucional representa en realidad un reto de organización y credibilidad para las iglesias protestantes en sus diferentes denominaciones y ramificaciones, en tanto deberán ocuparse de demostrar que están lo suficientemente maduras como organización social para usufructuarla sin promover relajamientos que propicien caos jurídico.
El legislador cumplió y en lo inmediato la ley se encargará de fijar la norma; la bola queda sin más en la cancha de los evangélicos.
El propio Consejo ha adelantado el perfil de los pastores en condiciones para oficiar matrimonios, no son todos los que están ni están todos los que son.
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