El país se debe a un ordenamiento regional y global; si en la reforma a la Constitución llegan a introducirse sutilidades con el propósito ulterior de coartar la libertad de expresión y difusión del pensamiento, la Carta Magna entraría en contradicción con el Sistema Interamericano.
Como país signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos desde 1978, texto que consagra el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, la República Dominicana debe asegurar que sus leyes internas estén en conformidad con las disposiciones de ese acuerdo, de lo contrario la nación puede verse expuesta a situaciones indeseables, la violación a normas internacionales derivada de legislación local inadecuada tiene consecuencias.
Precedente por excelencia es el caso de ciudadanos chilenos que a principios de la década sometieron ese país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la prohibición de una obra cinematográfica.
A tomarlo en cuenta, señores asambleístas.
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