Según el programa "Policía y Ciudadanía" ejecutado por la Finjus hace varios años, era necesario: 1) crear “un cuerpo policial especializado en ciencias investigativas funcionalmente separado de la Policía Nacional y que funja como auxiliar del poder judicial”, y 2) fundar una policía comunitaria descentralizada para “crear un vínculo con la comunidad para que ésta se involucre y se responsabilice con acciones concretas en la lucha contra la inseguridad.

Asimismo, la Policía podría ampliar su ámbito de acción y tocar problemas que atañen al bienestar de la comunidad”. Muchos años después, la ley orgánica del Ministerio Público crea la Policía Técnica Investigativa casi como lo consignaba Finjus. ¿Cómo lograr que esta ley se convierta en el tiro al aire que inicia la carrera por una verdadera reforma policial? Hay experiencias negativas.

A inicios del gobierno de Hipólito Mejía hubo un intento de reformar la Policía, pero la ley aprobada en el Congreso fue distinta a la sometida y en los hechos nada cambió porque la "Plana Mayor" doblegó al poder civil con el apoyo de Mejía.

En medio de un gran cuestionamiento a los desafueros de la PN, dirigida por el célebre Candelier, en junio del 2000 se le preguntó a Mejía sobre las muertes en intercambios de disparos y las redadas indiscriminadas en los barrios, y su respuesta fue: "No le doy importancia a eso, yo la importancia se la doy a la seguridad ciudadana.

Para mí, ésta es determinante y hay seguridad, que es lo que me importa a mí, y hay que garantizarla e incrementarla" (El Siglo, 12/6/2000).

Las violaciones a los derechos humanos parecerían no importar  y la PN no garantizó la seguridad ciudadana. ¿Lo recuerdan? Reformar la PN implica el compromiso de los grupos y actores de poder.

Hasta el más insignificante manual sobre gerencia establece que cuando los principales ejecutivos de una institución no están convencidos de la necesidad de cambios o de un proceso de reingeniería, la reforma está condenada al fracaso.

Quienes se benefician de la situación actual se resisten a la reforma. Quienes más se benefician son grupos dentro de la PN y empresarios que hacen uso privado de las labores policiales.

Toda reforma policial debe contemplar una política salarial que elimine la inequidad existente, deberá establecer claramente las promociones y ascensos, y la repartición de la dotación según una política estatal de lucha contra la inseguridad.

No es posible que oficiales policiales entrenados por la PN estén invirtiendo mayor cantidad de sus horas de trabajo vendiendo el servicio de seguridad al sector privado. ¿Cómo lograr el cambio? Haciendo que la ciudadanía se empodere del tema.

Las organizaciones comunitarias y las más poderosas, como Finjus y Participación Ciudadana, deben apoyar esta ley y a los interesados en hacerla cumplir, y convertirse en un incordio que no cejará hasta lograr una policía moderna, profesional y eficiente.
Ramón Tejada Holguín es ciudadano