El domingo 29 de enero, Nelson Suárez en un reportaje para el diario Hoy, revela que "el Estado tiene un funcionario público activo por cada veintiún habitantes". Algunas personas han puesto el grito al cielo porque entienden que el principal problema de la administración pública dominicana es la excesiva cantidad de servidores y servidoras del sector. De ser cierto, la acción urgente del Ministerio de Administración Pública (MAP) sería la reducción de la "empleomanía estatal". Pero, ¿es ese el principal problema?

El autor del reportaje sostiene que "no tengo suficientes elementos de juicio ni datos comparativos para decir si la proporción población/empleados públicos del país es excesiva, adecuada o deficiente, pero lo que sí me arriesgo a afirmar es, que los resultados en términos de suministro de servicios públicos a la ciudadanía por parte de la administración pública, no son eficientes (relación costo-beneficios) ni eficaces (relación gasto-resultados)".

Pronto aparecerá algún candidato que diga que reducirá el número de funcionarios y funcionarias. Pero, los diagnósticos y datos del servicio público dominicano sugieren que ese no es el principal problema que enfrenta el Estado para lograr la eficiencia y eficacia de los empleados municipales, del Congreso, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y de las organizaciones descentralizadas. Preguntémonos: ¿cuántos médicos de ambos sexos, enfermeras, paramédicos por habitantes necesita un país?, ¿cuántos profesores y profesoras por estudiantes de primaria, secundaria, universitaria?, ¿cuántos técnicos de ambos sexos necesita un municipio, un juzgado o el Congreso para funcionar correctamente?. En países en donde no se ha desmantelado el estado de bienestar como en Suecia la relación es de ocho habitantes por funcionario. En Finlandia, Letonia y Malta, son nueve por cabeza. En Bélgica y Francia son  doce, y en España son diecisiete.

Desde este punto de vista, creo que plantear el tema de reducir los empleados públicos es obviar los problemas de fondo y elude debatir los temas substanciales. En el país existe una Ley de Función Pública buena, que establece mecanismos que pueden ayudar a la eficiencia y eficacia. Un reclamo de la ciudadanía debería ser la exigencia del cumplimiento de dicha ley y el fortalecimiento de las instituciones que la ley crea (por ejemplo el Ministerio de Administración Pública -MAP-). La ley habla del necesario funcionario de carrera y establece las formas de lograr un servicio público eficiente y eficaz.

Un tema trascendental que se obvia constantemente es la necesidad de salarios competitivos para los servidores públicos, ya que existe un gran nivel de inequidad salarial. O sea hay altos cargos que ganan sumas escandalosas, y  técnicos cuyos salarios no les permiten sobrevivir.

Hay un ministro que  calculando su salario y las dietas y comisiones que recibe por su participación en juntas y directorios llega al millón de pesos mensuales, pero hay técnicos del mismo ministerio que apenas logran llegar al mes. Una administración eficiente demanda suficientes empleados, satisfechos y motivados, para dar un buen servicio.
Ramón Tejada Holguín es ciudadano
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