La gobernabilidad es la capacidad que tiene un país de procesar los conflictos, y por tanto es un atributo del estado y de la sociedad civil: ambos juegan papeles protagónicos.

Las probabilidades de crisis de gobernabilidad se observan cuando la nación carece de mecanismos institucionales, aceptados por todos y todas, para el diálogo, la participación y concertación entre los diversos grupos sociales y políticos.

Pero, del lado de la sociedad civil hay un gran déficit, porque quienes carecen de voz y recursos económicos no tienen representantes válidos en ninguna de las instancias políticas y sociales.

Los tres partidos que han dirigido el poder ejecutivo tienen grandes responsabilidades en el mantenimiento y profundización de un tipo de gobernabilidad instrumental, coyuntural y cortoplacista.

El PLD se valió del Programa Eventual Mínimo de Empleo (PEME), primero, y de "Solidaridad", después;  el PRD utilizó el abultamiento de la nómina estatal y los operativos coyunturales en los barrios y provincias pobres.

Esta forma de ganarse el apoyo clientelar de las masas, para construir la gobernabilidad, es herencia de Balaguer; basta recordar la Cruzada de Amor y las "botellas" en el gobierno.

Los tres partidos no se han preocupado por los efectos a largo plazo de ese tipo de política. La forma de lograr esa momentánea estabilidad socava las posibilidades de construcción de una verdadera y duradera gobernabilidad democrática que canalice las energías sociales hacia objetivos de progreso conjunto y un tipo de desarrollo que a las mayorías beneficie.

El mejor ejemplo lo tenemos con las políticas sociales.

Las políticas asistenciales cumplen el rol de reducir los efectos negativos de la crisis económica y de las medidas implementadas para salir de ella. Pero, esas medidas asistenciales, como la tarjeta Solidaridad y otras, no deben ser vistas como si ellas fueran la política social, y deben ser sólo coyunturales.

Además, deben realizarse alejadas del clientelismo y en el marco de la promoción de valores sociales y del compromiso de las personas beneficiarias con las actividades productivas de la nación. Pero, es obvio que acá las políticas clientelistas son la norma.

No digo que esta forma de construir la gobernabilidad se deba a la maldad de quienes hacen política.

Hay que tomar en cuenta que generalmente los políticos actúan en función de sus intereses y necesidades inmediatas, y piensan en lo que puede o no puede darles beneficios políticos en el momento, por lo que les resulta más fácil tratar de conseguir la estabilidad política en el corto plazo que la construcción de la gobernabilidad democrática sostenible.

Es ahí donde entra la responsabilidad ciudadana y la necesidad de movimientos sociales, armados de un pensamiento estratégico, y capaces de provocar que el clientelismo gubernamental en términos de políticas sociales tenga un costo en términos de votos para los partidos y sus líderes.

La gobernabilidad democrática es un objetivo estratégico.

En países como el nuestro está relacionado al cambio en la visión asistencial del Estado, el desarrollo de una sociedad civil que participa activamente, demandando transparencia y la creación de mecanismos de rendición de cuentas, pero sin exigir privilegios especiales por la participación.

Ramón Tejada Holguín  es ciudadano