En ocasiones defendemos o rechazamos acciones gubernamentales, basados en percepciones o preferencias partidarias.

A veces sin hacer un análisis minucioso y objetivo. 

Por eso intentaré evaluar un componente de la Política de Seguridad Ciudadana de manera desapasionada y ateniéndome a los hechos. Me refiero a los retenes, a esos chequeos policíacos que se están haciendo casi cotidianos, en avenidas como la Máximo Gómez, la Jacobo Majluta, el Malecón, la Venezuela y otras.

En términos institucional, democrático y constitucional, violan del artículo 46, que consagra la libertad de tránsito. Libertad que sólo puede ser suspendida en caso de declaración de "Estado de Conmoción Interior y de Emergencia", según lo establece el artículo 266 de la Constitución que nuestras actuales autoridades venden como un orgullo nacional, pero que son incapaces de hacer que la Policía la respete. Los retenes entorpecen el desplazamiento de las personas sin causa justificada, con la agravante de que se realizan sin la presencia de ninguna autoridad judicial competente. Para colmo, en ocasiones, los agentes se colocan en lugares poco visibles, sin iluminación, y aparecen de la nada siendo proclives a provocar una desgracia.

Un ejemplo es el retén que se coloca en la Jacobo Majluta, cerca de la esquina con República de Colombia.

En términos económicos hay aspectos positivos y negativos. Son positivos para los agentes que participan en estos operativos, ya que el "macuteo" les permite obtener ganancias extras. Un policía una vez me dijo: "Esto es para protegerle a ustedes, pero ¿quién nos protege a nosotros?".

Incluso es tan beneficioso que trabajan horas extras y en sus propios vehículos: he visto cómo algunos policías llegan en sus autos al retén, no en los oficiales.

Para la ciudadanía, y en especial quienes andan con prisa por razones de trabajo u otras, el balance económico es negativo porque deben "cantearse", o porque la molestia implica mayor gasto de gasolina y tiempo.


¿Se combate a la delincuencia? Hay quienes piensan que sacrificar un poco de tiempo, y de libertad, en aras de hacer más seguras las calles, es válido. Pero, el balance no es efectivo en esos términos.

En las ocasiones que he sido detenido, nunca he permitido que revisen mi vehículo, y les he explicado el porqué en términos de mis derechos.

Otros u otras simplemente dan unos pesos y siguen su camino.

Hace poco, por ejemplo, en la misma zona donde se coloca un retén se asaltó una estación de gasolina, y los del retén ni se enteraron. Lo positivo es que incautan decenas de bates, armas blancas y de fuego; la mayoría de estos artefactos son para la autodefensa de quienes lo portan. Pero no impiden un secuestro, no evitan un asalto, no aparece ni una onza de cocaína, y la violencia sigue igual, según todos los indicadores.

En conclusión, el balance es dañino porque: 1) crea estados de ánimo negativos en las personas, en particular las que trabajan en horarios nocturnos, 2) debilita el estado de derecho vía la limitación de la libertad de tránsito, y 3) aumenta la desconfianza en la policía, debido al picoteo y  a que los agentes tienden a abusar de los sectores que observan como vulnerables, o sea los pobres, los jóvenes y las mujeres solas. Todos  ganaríamos si esa necedad es descontinuada.

Ramón Tejada Holguín es  ciudadano