No me opongo a una Ley de Partidos. Las agrupaciones políticas necesitan ser reglamentadas, pero el Proyecto de Ley de Partidos en debate puede resultar dañino e inaplicable, ya que otorga mucho poder a la JCE (como vimos la semana pasada),  es tímido a la hora de supervisar cuestiones que deberían tener mayor nivel de fiscalización, y al querer controlar el transfuguismo hace a los partidos menos democráticos.

Para controlar el transfuguismo se establece en el artículo 51 del Proyecto de ley que los puestos de senador, ddiputado, síndico y regidor pertenecen a la agrupación política que postuló al candidato.

Luego sostiene que la persona perderá su cargo en caso de que cambie de partido, que organice una agrupación política nueva, o que se declare independiente del partido que le postuló.

Es loable el intento de controlar el transfuguismo, pero el artículo 51 y sus párrafos corren el riesgo de convertirse en la una espada que haga más temerosos  a legisladores, síndicos y regidores de expresarse libremente y de actuar en función de su consciencia, es otra de las maneras de dar más poder a las cúpulas partidarias.

Más que controlar el transfuguismo, se necesita mayor control del financiamiento privado de los partidos políticos.

Hay evidencia de que el financiamiento privado es una de las causas más importantes de la privatización de la política, ya que quienes reciben grandes sumas de empresarios y corporaciones actuarán para favorecer a sus financiadores, o al menos evitarán afectarlos.

Prohíja la corrupción: quienes dan mucho dinero, esperan un retorno de algún tipo.

Lo positivo del anteproyecto es que pone límite a lo que puede dar un contribuyente individual, persona o empresa, y exige que se publique los nombres y montos de quienes financian partidos políticos y candidatos.

Esto es mejor que el vacío que existe actualmente, pero no es suficiente, y al final del día, con muchas contribuciones individuales se puede llegar a juntar más millones de pesos que los que la JCE da a cada partido.

No es suficiente porque para controlar el financiamiento privado se debería poner límites a los costos de las campañas, establecer un tope de gastos, se debería supervisar el uso de los medios de comunicación y lograr un acceso más igualitario para todos los partidos.

Si se violan las tímidas reglas sobre financiamiento deben establecerse claramente las sanciones y los organismos encargados de aplicarlas. Nada de esto hace el proyecto de ley que descansa en el Congreso.

El proyecto consigna la creación de un organismo dentro de la JCE para que supervise el financiamiento.

En la actualidad, la JCE tiene una dirección de partidos políticos y mecanismos de supervisión sobre los usos que dan los partidos al financiamiento público. El nuevo mecanismo es más burocracia.

El problema no es crear una nueva instancia, el problema es que la JCE no cumple con su deber. La JCE no cumple porque los partidos mayoritarios son quienes eligen a sus miembros.

La JCE termina "buscándole la vuelta" a los informes de auditoría de los partidos. No olvidemos que la composición de la JCE es expresión de la correlación de fuerzas existente en el Senado.

La Ley de Partidos debe consignar claramente la aplicación de la Ley de Lavado a las agrupaciones políticas y sus candidatos. ¿Conclusión? El proyecto de Ley de Partidos debe ser revisado.
Ramón Tejada Holguín  es ciudadano