No es una noticia de la selva, aunque no dista mucho. La leí el pasado lunes: “Los pobladores de los sectores de San José y La Mina, de la zona sur de Santiago, se lanzaron en la madrugada a las calles y expulsaron de sus comunidades a todos los haitianos ilegales que vivían allí”.

Y para rematar, como todo buen vocero, el presidente de la junta de vecinos afirmó que el operativo se realizó respetando los derechos de los haitianos indocumentados, y yo presumo que lo hizo para que Sonia Pierre no se alterara.

“Esta madrugada la gente sacó a todos los indocumentados, era la mejor forma de limpiar nuestros barrios de esa gente, ya que muchos de ellos cometen diversos delitos”, señaló este nuevo paladín de la justicia, juez autonombrado, comandante en jefe de migración, caudillo del Ministerio Público.

Y su hazaña culminó al asegurar que al menos 420 haitianos indocumentados fueron expulsados. Eso sí, fue cuidadoso y respetuoso de las normas de convivencia, pues dijo que aquellos que trabajaban y estudiaban y los que tenían documentos no fueron molestados. Lo felicito por su capacidad de investigación y buenos modales.

Parece que en Santiago, mi hermosa provincia natal, quieren tomarse la ley por sus propias manos. Recordemos que hace semanas, en el municipio de Licey se anunció con bombos y platillos que se formarían brigadas armadas para defenderse de los asaltantes que azotaban el área. Gracias a Dios, eso no pasó de ahí. Se hicieron cambios en la dotación policial del lugar y se redobló la vigilancia.

En ambos casos, los promotores y protagonistas de esas inconductas no han sido sancionados, ni siquiera amonestados, y hasta en ocasiones ciertos medios de comunicación los apoyaron, como si fuese una gracia. La impunidad los anima. A esto se agrega que vemos con frecuencia linchamientos de supuestos delincuentes que se dice son atrapados in fraganti. La turba no espera a los encargados de mantener el orden público, simplemente le quita la vida a la persona que atrapan. Casi siempre la excusa es que nadie hace nada, que los malhechores no son perseguidos o que la justicia los suelta muy fácil; y con relación a los haitianos ilegales, que estos son los causantes del cólera, de la basura, de los robos, etc. Luego de los hechos las autoridades generalmente se hacen de la vista gorda, y dan el caso como cerrado.

Una sociedad debe tener reglas. Nadie puede hacer lo que le venga en gana. Unámonos para exigir una mejor Policía Nacional, una mejor justicia y mejores autoridades; no nos unamos para suplantar sus responsabilidades y deberes y mucho menos para infringir la ley.  
Pedro Domínguez Brito es abogado
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