Algunos legisladores y personas públicas, incluso de buena fe, han propuesto modificaciones al  Código del Menor, entre ellas que se agraven las penas a los adolescentes cuando sean reincidentes en los casos de atracos, asesinatos y tráfico de drogas, al igual que cuando el menor reincida en el delito se le juzgue como mayor de edad, y la  otra parte es que si al momento de ser juzgado ha cumplido la mayoría de edad se le juzgue como tal.

Unos abogan por aumentar de 5 a 10 años las sanciones si están entre los 16 a 18 años, y en el caso de los menores de 10 a 15 años de edad, si son reincidentes, que se condenen a la pena máxima de 10 años de cárcel.

De ningún modo considero que esta es la solución del problema, ni siquiera a medias. No hay relación entre una cosa y otra. “El mal no está en la sábana”, se dice en mi campo.

Debemos considerar que para modificar el Código hay que tomar en cuenta los convenios internacionales de los cuales somos signatarios y que se nos imponen, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño que fue aprobada en 1989 por la Asamblea de las Naciones Unidas, ratificada por el Estado dominicano en 1991. Y ahí se establecen muchos derechos y conquistas intocables en favor de la niñez. No inventemos, por favor.

El tema de la delincuencia juvenil es más profundo. Es esencialmente social, lo jurídico es secundario.

Los niños, niñas y adolescentes violan la ley en un altísimo porcentaje por la falta de educación, ya que no tienen acceso a las escuelas; por el desempleo de sus padres, que obliga a los  niños a buscársela como puedan; por una falta de política de protección a los derechos de la niñez, donde la autoridad es indiferente frente al drama de los menores deambulando en cada esquina; por las escasas oportunidades de desarrollo a los más necesitados; por la carencia de planes de prevención de delitos en este sector; por la ausencia de centros de rehabilitación adecuados, donde los menores que ingresen se regeneren y no salgan de allí con un doctorado en delincuencia.

Estos son los puntos vitales que debemos enfrentar con responsabilidad y seriedad.

Lo otro, aunque debe evaluarse y buscar correcciones, es irse por las ramas,  es pecar de iluso, es ser poco visionario, es asumir protagonismo mediático, es preocuparse por la forma y no por el fondo.

En síntesis, el Código del Menor no es el culpable de los actos delincuenciales que cometen nuestros niños, niñas y adolescentes. El culpable es el sistema y sus principales actores.
Pedro Domínguez Brito es abogado
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