Luego de finalizar mi audiencia en uno de los tribunales de Santiago, se me acercó un amigo y me abordó con estas palabras: “Oye, Pedro, los jueces y los fiscales se están matando, se culpan mutuamente cuando un magistrado pronuncia una sentencia que es criticada en la prensa, unos dicen que el proceso no se llevó correctamente y otros que  las decisiones se toman a la ligera, sin tener en cuenta las pruebas y la gravedad de cada caso. ¿Qué opinas al respecto?”.  Le contesté más o menos como sigue.

Si me preguntaran cuál es el principal avance institucional que hemos tenido en las últimas décadas, sin dudas respondería que lo es el Poder Judicial, junto con el Ministerio Público.

Ya los palacios de justicia no son un mercado, donde se venden sentencias al mejor postor; también ya son cosas del pasado esos fiscales que hasta por una batata dictaminaban a favor o en contra de alguien.

Antes, nadie estaba seguro cuándo actuaba en justicia. A la máxima autoridad judicial y a la cabeza del Ministerio Público no le importaba esa corrupción, que era la más condenable, porque se desarrollaba en el corazón de quienes debían combatirla.

Y para colmo de males, a ese desalentador panorama se agregaba una Policía Nacional parecida o peor.

Pero ahora, gracias a Dios, cuando ocurren esos escándalos, se investigan y si ha lugar, se sancionan.

Existe y se propaga entre jueces y fiscales una visión ética en la aplicación de la ley, que poco a poco va calando en la Policía Nacional.

Por ello resultan desagradables las acusaciones públicas que les hacen algunos jueces al Ministerio Público y viceversa, especialmente cuando un magistrado pronuncia una sentencia que no es del agrado de la ciudadanía.

“El error es de los fiscales, que no instrumentaron bien el expediente”, dicen para justificar su conducta.

Los fiscales se defienden y le echan la cuaba a los jueces, a quienes tachan de débiles y otras cosas más.

La Policía Nacional muchas veces baila en este escenario, para bien o para mal, incluyendo que en ocasiones protesta por las decisiones de los jueces.

Creo que es tiempo de que la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional se reúnan para ponerle freno a esos dimes y diretes que en nada benefician a un sistema judicial que cada vez nos enorgullece más.
Pedro Domínguez Brito es abogado
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