El próximo domingo el pueblo dominicano se dispone a ejercer el derecho al sufragio para escoger por 6 años a las autoridades legislativas y municipales.
Tenemos una obligación moral de votar, de lo contario no tendremos derecho a quejarnos de la representación escogida. No estoy de acuerdo con el movimiento que propugna la anulación del voto, porque el mismo se considerará igual al de aquellos que por desconocimiento o confusión ejerzan incorrectamente el sufragio.
Hechas estas precisiones, una vez electos los legisladores la prioridad es la adecuación de las legislaciones nacionales a la nueva Constitución de la República.
Incluso existen órganos nuevos –como el Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial y el Consejo Superior del Ministerio Público con plazos perentorios para su creación–, y reformulaciones de otros existentes –como el Consejo Nacional de la Magistratura y Defensor del Pueblo–. Otra responsabilidad que les aguarda es el proceso de decantación de legislaciones obsoletas que han sido derogadas en su mayoría por el desuso, pero que forman parte de nuestra estructura legislativa.
La simple coletilla que utilizamos en todas las legislaciones nuevas de que “quedan derogadas todas las disposiciones contrarias” –sin mencionar la disposición legal que se modifica– crea dualidad, limbos jurídicos e inusitados conflictos de leyes. Una vez realizada la revisión y adecuación de nuestro sistema jurídico nacional, existen temas impostergables como establecer una “tasa cero a Internet” –proyecto legislativo que desde ya cuenta con el consenso nacional-; la Ley Orgánica de los ministerios de Estado –donde se establezcan claramente los Ministerios que existirán, los funcionarios que detentarán las diversas jerarquías y la reserva del privilegio de jurisdicción establecido en la Constitución–; una ley de “manejo de desastres nacionales” –para estar preparados antes sismos y catástrofes nacionales–, entre otras.
Por otra parte, hay puntos de agenda apremiantes como aspectos de seguridad ciudadana en la revisión de los códigos Penal y Procesal Penal; establecer una disposición que regule la transición de mando –acortando los plazos, estableciendo las medidas de conservación patrimonial y reservas que se deben tomar durante esos períodos–; regulaciones más severas para la prevención del narcotráfico; así como la puesta en ejecución de importantes leyes como la de “límites marítimos”.
Apenas se trata de algunas tareas legislativas que les espera a los nuevos congresistas, por eso la importancia de escoger con conciencia a candidatos con carpetas de proyectos de avanzada y no a advenedizos que prometen cosas ilógicas, imposibles de cumplir, desconociendo cuál sería su papel como legislador.
Miguel Reyes Sánchez es abogado
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