En estos días se ha dado a conocer un estudio que revela que la República Dominicana es el país con el costo de conexión de Internet más alto del mundo, lo que resulta preocupante porque obstaculiza el acceso masivo de este servicio a los dominicanos.

En nuestro país, como una forma de posibilitar a las comunidades más apartadas familiarizarse con el uso del computador y la Internet, se han instalado más de 1,000 bibliotecas virtuales –auspiciadas por Indotel–, las cuales han tenido una gran demanda entre los estudiantes de las diversas zonas nacionales.

Si bien es cierto que estas bibliotecas han contribuido de manera inmediata a facilitar el contacto de muchos jóvenes estudiantes con las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC’s), hay que reconocer la grave situación que se nos presenta como nación en cuanto a las desigualdades en  las posibilidades de acceso a Internet por el alto costo existente.

La investigación realizada por la Asociación de Usuarios de Tecnología de Información y Comunicación (Asociatic) revela que la tarifa de conexión local actual de 1Mbps promedia unos 60 dólares, en comparación con el promedio de América Latina que es de 19 dólares. Esta tarifa es más del triple del costo de los demás países de la región.

Mientras que en Canadá, Japón o Estados Unidos se ofertan más de 4 Mbps de velocidad de conexión -con un ancho de banda cuatro veces más elevado– a una tarifa de menos de 10 dólares -6 veces más económica que el promedio de la República Dominicana–.

Indudablemente este alto costo de acceso a las conexiones nos coloca en desventaja competitiva ante el mundo y nos aleja del cumplimiento de las metas de uno de los principales Objetivos del Milenio, como lo es la reducción de la brecha digital, al fomentar que menos personas puedan tener acceso a esa herramienta indispensable para el manejo de la  información, el conocimiento y la educación.

Una alternativa de solución a esta disyuntiva es la aprobación de una ley que exonere los impuestos a la facturación de ese servicio tecnológico –que en estos momentos es un 28%–, así como de los equipos de cómputos que se importen al país.

Aquellas personas que no tienen acceso a Internet o que, aunque lo tengan, no saben cómo utilizarlo pasan a ser lo que se ha denominado “analfabetos digitales”, ya que el hecho de estar desposeído de esta herramienta tecnológica implica estar marginado de la información global.

Los nuevos legisladores que serán electos deben asumir este reto como parte de la agenda nacional prioritaria para el bien de todos los dominicanos.
Miguel Reyes Sánchez es abogado