Turquía tiene casi 45 años esperando ser parte de Europa, desde el acuerdo de Asociación suscrito con la Comunidad Europea –Ankara Agreement– en 1963, siendo a partir de 1999 candidata formal a la membresía de la Unión Europea.

En todo el devenir histórico turco han surgido diversos inconvenientes que le han ido retrasando la posibilidad de su ingreso a la Unión: en los años setenta, la invasión turca a Chipre  –julio de 1974–, luego el impacto del fundamentalismo y los graves problemas en relación con la minoría kurda. Más tarde, la irrupción de gobiernos militares en los años ochenta.

No fue hasta la presentación de la Agenda 2000 en los años noventa que la Comisión Europea trajo de nuevo la elegibilidad de Turquía, a pesar de que en el Consejo Europeo de Luxemburgo los Jefes de Estado de las naciones europeas habían declinado dar el estatus de candidata a esa nación. En 1999 por fin se decide convertirla en candidata formal y en el 2005 se dio paso a las negociaciones de adhesión.

Desde el 2006 se vienen desarrollando importantes programas de cooperación y de preingreso entre la Unión Europea y Turquía que abarcan desde los 500 millones proyectados para este país bajo el rubro de Accession Partnership en 2006, hasta programas de políticas poblacionales, en apoyo a los derechos humanos y la democracia, fondos contra desastres naturales, fondos que le corresponden como país mediterráneo (Meda Partnership) y hasta proyectos de armonización legislativa.

Asimismo, Turquía entre el 2001 y el 2006 ha  realizado reformas constitucionales, políticas y económicas de gran envergadura, que le han permitido impresionantes avances con miras a su membresía europea.

En el plano judicial, por ejemplo, se ha abolido la pena de muerte, se avanza en el combate a la tortura, en el reconocimiento de los derechos culturales de la población kurda y en temas relativos a la libertad de expresión. Sin embargo, la propia comisión señala que falta mucho por hacer en el  mejoramiento de la situación de los derechos humanos, la solución a su problema estructural de emigración, el pleno reconocimiento de los derechos de la minoría kurda, el reconocimiento del histórico genocidio armenio, la retirada total y las reparaciones a que haya lugar por la presencia de tropas turcas en el norte de Chipre, la profundización del combate contra la corrupción, la urgencia por remover barreras técnicas al comercio, la modernización de su política fiscal y agrícola y el refuerzo de las disposiciones sobre la libertad de expresión y religiosa, los derechos de las mujeres y la libertad sindical.
Miguel Reyes Sánchez  es abogado