Desde hace un buen tiempo vengo insistiendo en mis artículos semanales, la necesidad de que se realice un censo de extranjeros en la República Dominicana, por la impresionante cantidad de ciudadanos de otras nacionalidades que llegan a nuestro país y permanecen en él sin hacer los trámites correspondientes para legalizar su situación migratoria.

Esto independientemente de los casi dos millones de haitianos que viven en la República Dominicana, sin que se sepa quiénes son, cómo se llaman verdaderamente o si han cometido algún delito en otras latitudes, o en el país, por la falta de un registro.

La declaración del inicio de este censo se ha realizado varias veces, sin que se observen los aprestos para su realización.

Hay la necesidad urgente de que contemos con un banco de datos de extranjeros en el país,  lo cual se encuentra consagrado en la misma Ley de Migración que data del año 2004.

Pero este registro de extranjeros no debe utilizarse como una medida de expulsión de ilegales, ni nada por el estilo, ya que de procederse de esa manera, automáticamente se perdería la posibilidad de hacer un levantamiento efectivo, porque habría el temor de ofrecer informaciones básicas para su configuración.

Asimismo, se debe aprovechar el mismo para utilizar todas las técnicas biométricas modernas existentes –aunque el costo se eleve un poco más–, para tener un registro de huellas, fotografías y los datos esenciales de cada una de esas personas.

Ese muestreo que se tome de todos los extranjeros residentes legalmente o no en el país, podrá ser confrontado con los organismos internacionales de seguridad para detectar efectivamente quienes han cometido delitos en otras latitudes y se han refugiado en nuestro país.

Asimismo, aunque parezca un poco ambicioso, también se puede ampliar este plan para los extranjeros que visitan la República Dominicana, y hacer un registro biométrico como tienen otras naciones como Argentina, Brasil y hasta algunos países centroamericanos, que incluso tienen menos capacidad presupuestaria que nosotros.

Hacemos votos porque este sea uno de los temas prioritarios de nuestra agenda nacional para el próximo 2010, que se ponga fecha del levantamiento y empezar a trabajar en la instauración de ese registro tan necesario para nuestra organización interna como nación.
Miguel Reyes Sánchez  es abogado