Esta será la última vez que me referé al asunto de Honduras, porque desde ya se vislumbra que no habrá una solución negociada, por una clara falta de voluntad de las partes –especialmente del Gobierno de facto–, y se mantiene la misma coyuntura creada el 28 de junio de 2009 con la destitución del presidente Zelaya.
Todos estos meses hemos sido testigos de los intentos de diálogo, de las presiones de la comunidad internacional para el retorno de la democracia, las manifestaciones del pueblo, pero también la postura de los sectores medulares de esa nación como la Iglesia, los empresarios, las Fuerzas Armadas, la Suprema Corte de Justicia y hasta el Congreso, que han mantenido una actitud adversa al retorno de Zelaya.
Con el mantenimiento en el poder del Gobierno de facto se le está dando un mal precedente al ejercicio de la democracia en el continente americano, ya que hacia muchos años habíamos superado estos episodios aventureros en que se derrocaban los jefes de Estado mediante una asonada militar.
Un fracaso para los organismos regionales, un revés para toda la comunidad internacional –que ha mantenido su reclamo de la vuelta a la democracia y tenía las esperanzas de que no se sostuviera está ilegalidad–, tristeza para los entes mediadores que han visto burlada su buena voluntad.
El tiempo es muy corto. Las elecciones nacionales están fijadas para finales de este mes y prácticamente se ha montado el torneo electoral con la aquiescencia de los candidatos presidenciales.
El Gobierno de facto y los candidatos presidenciales están apostando que una vez celebradas las elecciones, la comunidad internacional reconocerá el gobierno surgido de las urnas, por ser la alternativa dentro del contexto más asociada al ejercicio democrático. Estados Unidos jugaría un papel decisorio.
Mientras tanto, Zelaya declara fracasado el acuerdo y no reconocerá las elecciones nacionales, manteniéndose en su refugio de la embajada brasileña –sin decisión sobre sus nuevos pasos-, y en una total incertidumbre sobre el provenir.
Ante este punto muerto de la situación hondureña, el futuro de esa nación parece ser incierto, a excepción de que el nuevo liderazgo que surja en las urnas pueda concitar el apoyo de los diversos sectores nacionales –incluyendo a Zelaya– y granjearse el respaldo de la comunidad internacional.
Miguel Reyes Sánchez es abogado
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