El acuerdo firmado por los representantes de Manuel Zelaya y Roberto Micheletti, la semana pasada, para la restitución de la democracia en Honduras, se encuentra en estos momentos en un punto muerto a la espera de la consulta realizada por el Congreso Nacional a la Suprema Corte de Justicia, sembrando dudas todavía sobre la real restitución de Zelaya.
Como están esperando cumplir con este procedimiento, el punto de la creación de un gobierno de unidad y reconciliación nacional, que se tiene previsto para estos días, ha sido asumido por Micheletti, bajo el argumento de que al existir un vacío en la decisión del Congreso él designará el nuevo gabinete.
En ese tenor, el subsecretario de Estado norteamericano para asuntos de América Latina, Thomas Shannon, estableció que “la conformación de un gobierno de unidad en Honduras nada tiene que ver con la restitución de Zelaya”.
Ante este panorama, vemos que el acuerdo no ha surtido efectos reales en Honduras y se está manteniendo el status quo existente antes de la firma del mismo, con la agravante de que el tiempo va pasando y no se vislumbra una solución definitiva.
Los demás temas acordados son la renuncia a convocar una Constituyente o reformar la Constitución en artículos irreformables; el reconocimiento y apoyo a las elecciones del 29 de noviembre y el traspaso de gobierno; la creación de una comisión de la verdad que investigue los hechos antes y después del 28 de junio; el rechazo a la amnistía para los delitos políticos y la solicitud a la comunidad internacional la normalización de las relaciones con Honduras.
En tanto el presidente Zelaya advirtió sobre la destrucción del Pacto si no se revierte el golpe de Estado.
Todo indica que la firma del Pacto ha llevado a una situación de limbo jurídico, donde se le da la facultad al Congreso hondureño de restituir o no a Zelaya, pero a la vez se garantiza la celebración de los comicios de finales de este mes y el reconocimiento de toda la comunidad internacional.
A buen entendedor pocas palabras bastan. Cada día –con todos los intríngulis jurídicos– se aleja más el retorno de Zelaya.
Miguel Reyes Sánchez es abogado
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