En el mundo actual existe una tendencia hacia el rediseño de los estados para convertirlos en entes más eficientes y efectivos en el desarrollo de las políticas públicas de una nación.

Las revoluciones tecnológicas y políticas que se han ido presentando en el pasado reciente han propiciado debates interesantes sobre el papel del estado en la nueva sociedad en que vivimos, los cuales siempre concuerdan en la necesidad de su eficientización.

Hay una coincidencia generalizada de que el objetivo final de los estados debe ser el desarrollo humano, fortaleciendo la democracia, y el involucramiento de la sociedad civil en la conformación de un proyecto nacional a mediano y largo plazo en el que se encuentren delimitados los parámetros esenciales para la productividad, la competitividad y el crecimiento de la nación.

Asimismo, con este rediseño –implementado ya en muchas naciones europeas y como ejemplos latinoamericanos en Chile y El Salvador- se puede promover la organización –con la reducción del aparato estatal en algunos casos o el retiro de sectores en que no es usual su presencia o  participación activa-, concentrándose en ser regulador y hacedor eficiente de las políticas públicas.

En ese contexto, los países han ido realizando innovaciones tecnológicas que le han permitido reorientar la capacidad de respuesta de la administración pública como el e-government, con el que se han replanteado las relaciones del estado con sus ciudadanos brindando servicios oportunos en línea y transparentando la gestión pública.

Asimismo, se está hablando del llamado “estado inteligente”, en el cual se concibe al estado como una “red” y no como “pirámide”, con capacidades para la administración intergubernamental, con un nuevo estilo gerencial público, valorización del personal y promoción de la transparencia en las acciones gubernamentales.

En nuestro país, con el proyecto de Constitución de la República que se debate en las cámaras legislativas constituidas en Asamblea Nacional Revisora, se lograrán interesantes avances en esta materia, ya que se ha establecido la apertura de vías para la participación ciudadana, con la respectiva instauración de reformas institucionales nacionales y la adopción de pactos en diversas materias que van preparando al estado para su efectiva modernización.

Desde luego, el camino aún es largo para que la República Dominicana sea el estado moderno que muchos aspiramos, pero vamos dando pasos continuos para lograr este objetivo nacional.
Miguel Reyes Sánchez  es abogado

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