Los diputados y senadores aprobaron un controversial contrato que el Gobierno suscribió con la Barrick Gold, sin siquiera ser leído por los legisladores, ignorando sus términos, para la explotación de los yacimientos auríferos de la provincia Sánchez Ramírez.

Sin duda alguna esto ha sido algo inconcebible por el hecho de que la empresa minera canadiense tiene demanda, en nueve países de cuatro continentes, por acciones que destruyen el medio ambiente.

Los legisladores, en cuyas curules cuentan con computadoras, conectadas a la Internet, solamente tienen que entrar a Google o Yahoo, usar la frase “daños causados en países por la Barrick Gold” y podrán tener una información ampliada, sobre los daños que sus operaciones han causado a la ecología en Australia, Argentina, en Estados Unidos, Chile, en Nueva Guinea y en países del África. Pero no lo hicieron antes de aprobar el contrato.

Un informe de Corpwatch, organización de investigación y denuncia de las violaciones a los derechos humanos y los crímenes producidos por las grandes corporaciones, estudia minuciosamente a la mayor aurífera del mundo, la Barrick Gold. El estudio explica el modo como esta empresa contamina el aire y el agua, y destaca como victoria comunitaria lo ocurrido en La Rioja, Argentina, donde dos asambleas de ciudadanos lograron detener la explotación.

Para muestra basta un botón, como el caso ocurrido en sus instalaciones en Cotuí, donde más de 500 obreros sufrieron los efectos de la contaminación, que según la Barrick Gold, fue producto de una comida contaminada.

Empero, la población puso en entredicho su argumentación. Hay una comisión de legisladores en contacto con la Barrick Gold, pero  ésta no debe dejarse sorprender, durante sus indagaciones, porque para esa empresa una onza de oro vale más que la vida de un ser humano.
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