Mucha gente se pregunta por qué nuestro país no ha podido superar problemas fundamentales y dar un salto cualitativo en materia de desarrollo y competitividad. Aunque podría hacerse una larga lista de razones, de seguro que muchos coincidirán en que la causa eficiente podría resumirse en que nuestras autoridades, a pesar de los importantes recursos que han destinado a consultorías especializadas y contemplación de modelos extranjeros exitosos como los asiáticos de Corea y Taiwán o los latinoamericanos de Chile, Brasil y Colombia, en realidad no han hecho lo esencial, que es realmente querer el cambio.

Esta falta de voluntad política para el cambio fue disimulada durante algunos años con la aprobación de reformas legislativas, las cuales, como no expresaban el real sentir de las autoridades, con el paso del tiempo han sido incumplidas, revertidas o convertidas en letra muerta. De esa forma hemos construido una democracia de papel, que en los hechos es continuamente violentada.

La sociedad civil que participó activamente en la aprobación de reformas sustanciales como la del régimen electoral, sistema educativo, seguridad social, sector eléctrico, la ley orgánica de presupuesto, entre otras, aunque ha luchado por reclamar su cumplimiento o denunciar sus violaciones y distorsiones, siente hoy la decepcionante constatación de que de nada sirven las reformas si los gobernantes no están dispuestos a cumplirlas. Nuestras autoridades, sin embargo, han sido hábiles en sacar el mejor partido de estas reformas, logrando cada vez más recursos, pero manteniendo una falta de control y rendición de cuentas que ha propiciado mayores niveles de corrupción que los que se intentaron desmontar, así como más clientelismo y discrecionalidad en la toma de decisiones a pesar de los supuestos avances en materia de transparencia.

Como en las tres últimas décadas nos han gobernado los tres partidos mayoritarios, muchos se sienten desesperanzados de que los necesarios cambios puedan materializarse. La realidad es que nuestro liderazgo político ha manejado exitosamente para sus fines un modelo supuestamente democrático, que le permite servirse de un botín político engrandecido gracias al endeudamiento público y la utilización de mecanismos de financiamiento bajo total impunidad y falta de rendición de cuentas.

Por eso, mientras muchos países han marcado la diferencia y muestran logros en sus objetivos de desarrollo, tristemente, nuestro país no ha podido siquiera solucionar sus problemas más elementales como la educación, la salud y la provisión de servicios esenciales, razón por la cual seguimos figurando en los últimos lugares en los índices de competitividad.

Como sociedad tenemos el reto de ser capaces de transformar este modo equivocado de hacer política y de lograr el cambio, sin el cual no podremos avanzar, lo que sólo ocurrirá si somos efectivos haciendo nuestros reclamos o produciendo las debidas sanciones.

La autora es abogada y comunicadora
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