El deterioro de la seguridad de nuestro país, la que hasta hace poco era  uno de nuestros principales activos, parece preocupar solo a los ciudadanos que son víctimas a diario de este mal y a los medios de comunicación que se hacen eco de estos lamentables hechos.

Prácticamente todo dominicano hoy día puede decir que ha sido víctima de la criminalidad rampante o alguien de su entorno cercano; unos han  salido ilesos físicamente, aunque afectados psicológicamente de por vida, gracias a la providencia divina; otros han tenido  peor suerte y así  hemos  perdido  vidas muy valiosas.

Lo sorprendente no es  la expansión de este fenómeno de características regionales, el cual entre otras causas es consecuencia del incremento del narcotráfico en nuestro territorio, sino que no se avizoran soluciones.
Decimos esto porque lo primero que se requiere para resolver un problema es aceptar que existe.

Nuestras autoridades están tan afanadas en convencernos de que todo está bien y que nuestro país es gracias a su gestión un ejemplo admirado internacionalmente, que se han encerrado en su pequeño mundo de fantasía en el que nada les afecta y se niegan a reconocer el viacrucis que  padece la población, puesto que hacer esto  desmoronaría sus argumentos.

Nadie puede ufanarse de que el país esté bien basado en que las estadísticas de criminalidad nuestra son relativamente más bajas que las de otros países de la región; primero, porque nos estamos comparando con el modelo negativo que no queremos seguir, y segundo, porque si la plaga no se corta a tiempo, terminará arropando todo.

Tenemos el ejemplo de México, un país controlado por el narcotráfico, que ha decidido importantes planes de seguridad para el Distrito Federal y otras ciudades que permita una vida aceptablemente segura en los lugares en que aún se puede incidir, con patrullaje constante de sus calles, control de uso de alcohol y otras sustancias, adecuada iluminación, etc. 

También el de Nueva York y Colombia. Sin embargo, nosotros continuamos con unas calles que son la expresión fiel del incumplimiento de la ley, de sentidos únicos y semáforos que no se respetan, motocicletas y vehículos sin placas de circulación, y del abandono de las autoridades con una casi total ausencia de patrullaje, situación que constituye el mejor caldo de cultivo para el crimen, como lo asevera la teoría de la ventana rota.

Parecería que nada de esto lo ven nuestras autoridades desde sus yipetas con vidrios oscuros, arropados entre sus múltiples agentes de seguridad, aquellos que descuidan al resto de la población  porque parecen entender que sólo hay una categoría de ciudadanos que merece protección.  Por eso, la sociedad debe reclamar  firmemente que se le garantice la seguridad, a ver si logramos despertar  a las autoridades de su sueño y las hacemos  enfrentar este mal, que si bien ya ahora es grave, puede ser todavía peor.
Marisol Vicens es abogada