Nuestras autoridades se las ingeniaron nueva vez para incumplir los compromisos del acuerdo con el FMI, gastar desenfrenadamente, basarse en proyecciones irreales  de ingresos imposibles de cumplir y en un monto del subsidio eléctrico demasiado optimista.

Nuevamente también pretenden y probablemente así lo impondrán, que otros paguen por sus excesos aumentando otra vez los impuestos y generando mayores distorsiones en nuestro sistema tributario.

¿Hasta cuándo la sociedad estará dispuesta a seguir aceptando esto? Aparentemente, las autoridades confían demasiado en la paciencia de nuestra población o en el efecto mitigador de lograr compromisos con sectores, que aceptan  a regañadientes ante al temor de lo que podría pasar en la economía.

Lo más grave es que todas las reformas  legislativas que se han hecho en los últimos años, más múltiples por vía administrativa, no han servido para solucionar uno solo de los problemas fundamentales de nuestro país.  Pero no sólo se han hecho todas estas reformas para seguir alimentando un aparato estatal clientelar, ineficiente y poco transparente, sino que estos aumentos de impuestos han estado a la vez acompañados de endeudamientos externos e internos recurrentes, que elevan cada vez más nuestra deuda país.

El acuerdo con el FMI, que muchos  esperaban significara un freno para nuestras autoridades, lamentablemente, en la práctica, más que una restricción, ha sido una vía idónea de obtener recursos blandos y  aumentar la capacidad de endeudamiento a través de colocación de bonos e imposición de nuevos impuestos, so pretexto de preservar el acuerdo y la estabilidad macroeconómica.

Sin embargo, ni siquiera así las autoridades quieren tener un acuerdo durante el período electoral que se aproxima, razón por la cual, en vez de agotar la posibilidad de una extensión del acuerdo con el FMI para que no termine en febrero de 2012, sino en diciembre de 2012, por ejemplo, a cambio de una dispensa o aumento en el tope del déficit, se ha preferido agotar la vía más fácil de traspasar el costo de la reforma a la población y tener manos libres para gastar en la campaña. La cifra que se estima pretende recaudar el Gobierno  es inferior a la del préstamo que acaba de ser aprobado en el Congreso Nacional para la segunda línea del Metro.

Bastaría con reflexionar qué pudimos haber hecho o hubiéramos podido seguir haciendo, si en vez de destinar todo ese dinero a la construcción de un Metro en Santo Domingo para solucionar a medias las necesidades de transporte de un porcentaje ínfimo de la población, lo  hubiéramos destinado a mejorar algunos de nuestros problemas fundamentales. Nueva vez le sacaremos las castañas del fuego al Gobierno porque algunos se creerán el cuento de nunca acabar de que es imprescindible hacer la reforma  para mantener la estabilidad.

Esperemos que finalmente entendamos que si seguimos apadrinando esta práctica, nunca propiciaremos un cambio de modelo.
Marisol Vicens es abogada