Uno de los problemas fundamentales en nuestro país sigue siendo la falta de un adecuado sistema de consecuencias a todos los niveles.
Nuestra  idiosincrasia ha promovido el establecimiento de una cultura de impunidad, que no sólo existe a nivel judicial, sino que por el “amiguismo” que nos caracteriza todo el mundo tiene su corrupto favorito y  prefiere cerrar los ojos ante faltas graves cometidas con tal de   no ganarse antipatías.

Lejos de  establecer consecuencias para aquellos que transgreden las normas, en nuestro país tendemos a excusar a las personas. Sin embargo, cuando se comete una falta grave poco deben importar las razones, lo que debe sancionarse es el hecho objetivo de la falta.
Poco a poco hemos desarrollado un alarmante nivel de tolerancia a lo mal hecho, al extremo que algunos políticos promueven expresamente como un mérito que no se han robado un centavo de fondos públicos, cuando se supone que esa es  la obligación  y la excepción lo contrario.

Como  los tres partidos principales han estado en el gobierno ninguno puede eximirse de culpas. Lo que ha ocurrido es que los actos de corrupción de cada gobierno son opacados por los del siguiente. La impunidad de los políticos en nuestro país no sólo consiste en falta de sanción judicial sino que, peor aún, ni siquiera se abren procesos de investigación y juicio.

Ser político se convierte en una especie de patente de corso que gracias a un distorsionado concepto de grupo hace que los mismos se protejan entre sí.

A diario vemos denuncias en los medios  de casos de corrupción en distintas dependencias del Estado. Sin embargo, los mismos  no son investigados y mucho menos sometidos a la justicia.

La corrupción  es parte de la naturaleza humana. En países como Estados Unidos o el Reino Unido también se cometen actos de corrupción. La diferencia radica en que en esos países el sistema tiene credibilidad y las denuncias son  investigadas, se trate de  un funcionario del gobierno, un alto ejecutivo de un organismo internacional o hasta del propio presidente de la República; porque se  respeta el principio de  igualdad ante la ley.

Pero no sólo en países tan avanzados ocurre esto. En Costa Rica se han dado recientes ejemplos  con las condenas a dos pasados presidentes: Rafael  Calderón  y  Miguel Angel Rodríguez. Si se analizan los montos de los casos Caja-Fischel (US$440,000) y Alcatel (US$800,000); nos daremos cuenta de que los mismos palidecen ante los que el rumor público denuncia con frecuencia aquí.

El problema es que en este país no somos iguales ante la ley y los delitos solo son castigados si los cometen simples ciudadanos, aunque tengan mucho poder como demuestran los recientes casos de fraudes bancarios, pero no lo son  cuando se trata de la casta  privilegiada de los políticos. Por eso necesitamos ser más iguales.
Marisol Vicens Bello es abogada